EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En el Perú, los medios de comunicación son controlados por grupos de poder económico y político e inclusive en el pasado fueron confiscados por gobiernos de facto, como ocurrió en la época de Juan Velasco Alvarado.

Restablecido el gobierno democrático, el presidente Fernando Belaúnde Terry se encargó de devolver dichos medios a sus legítimos dueños, garantizando una estricta libertad de expresión.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori y la asesoría de Vladimiro Montesinos la corrupción ingresó a los grandes medios de comunicación, con fines de reelección política o de perpetuarse en el poder. Durante los gobiernos de Alan García y de Alejandro Toledo se respetó la libertad de expresión, aun cuando la mayoría de los medios fueron muy críticos a sus gobiernos.

Pero ahora en el gobierno de Ollanta Humala Tasso (Gana Perú) nos encontramos con un hecho preocupante, lamentable e inaudito. Un juez trata de conminar al Ministro de Transportes y Comunicaciones para cortar la señal de la emisora RBC Televisión («o lo que fuere necesario»), con el pretendido fin de entregarle a una empresa inquilina, a pesar de que ésta fue disuelta por una resolución expedida por INDECOPI hace cuatro años.

Y algo más, la empresa inquilina incumplió con las obligaciones contractuales y acumuló una deuda de más de tres (3) millones de dólares.

RBC Televisión, es un medio de señal abierta, de servicio público, de bien social y cultural y de especiales características. Promueve la participación directa de la ciudadanía en el análisis crítico de los problemas colectivos y en la formulación de propuestas para la solución de los mismos. Establece un equilibrio entre la necesidad de obtener imágenes espectaculares y la responsabilidad de cubrir con exactitud un acontecimiento. Realiza evaluaciones éticas diariamente para una mejor toma de decisiones sobre temas controversiales en lo informativo, político y económico. Observa un nivel de moral comercial y de ética empresarial, al respetar escrupulosamente la libre competencia. Practica la independencia de opinión frente al poder político o los grupos de presión.

Además, tiene producción audiovisual más nacional que transnacional, practica el periodismo responsable, imparcial, transparente y constructivo, elimina todo indicio de cultura del secreto y aboga por un Estado de Derecho y un gobierno democrático.

No cabe duda que para cumplir sus funciones, los medios de comunicación necesitan de estabilidad política y de seguridad jurídica, de autoridades judiciales demócratas e incorruptibles, que no festinen procedimientos, que no caigan en las redes del poder económico transnacional y que actúen con grandeza de espíritu y de justicia social.

Es bueno recordar a la ciudadanía que según la Constitución Política de 1993 toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo responsabilidad de ley». Y constituye DELITO «toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación» (art. 2, inciso 4).

Pues bien. Si se llegara a coartar o limitar el derecho de los ciudadanos a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, y si se suspendiera o clausurara un órgano de expresión o se le impidiera circular libremente, entonces estaríamos ante un gobierno autoritario, dictatorial y antidemocrático.

Confieso que estoy contra todo monopolio y oligopolio en los medios de comunicación. Pero como ciudadano demócrata y periodista defiendo el derecho constitucional de fundar medios de comunicación , exijo que se respete, resguarde y garantice el derecho a la información y a la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento.

Considero que el gobierno de Ollanta Humala Tasso y el Poder Judicial deberían erradicar de su agenda diaria toda pretendida acción que limite, condicione o amordace la libertad de prensa en el Perú. En un estado democrático los intereses colectivos priman sobre los individuales, hay ejercicio de las libertades ciudadanas y pleno respeto a los derechos humanos.

Los peruanos nos merecemos de gobernantes que jamás recurran a la manipulación del poder judicial para amordazar la libertad de prensa, condicionar políticamente la libertad de empresa, destruir a potenciales adversarios políticos o sacar del libre mercado a medios de comunicación que califican de no favorables para sus fines.