Un embuste anticorrupción

Hace algunos días, una columna en la Tribuna Libre de este diario describió al gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia como un horroroso monstruo bicéfalo. No obstante, la reciente denuncia de la procuraduría pública anticorrupción contra Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito, que sucede a la vergonzosa actuación del oficialismo en la Comisión de Fiscalización del Congreso para blindarlo contra una investigación parlamentaria, revela que dos cabezas piensan mejor que una.

Para empezar ha surgido un oportuno impulso anticorrupción, que sobreviene al desplome de cinco puntos porcentuales sufrido por el gobierno en la aprobación ciudadana. A renglón seguido, las cosas se hacen suficientemente mal como para que no funcionen, pues la procuraduría anticorrupción se ha dirigido al Fiscal de la Nación, a sabiendas de que el denunciado, Alejandro Toledo, no posee fuero privilegiado ni le corresponde antejuicio.

«La Fiscalía tiene que abrir de manera inmediata diligencias preliminares sin esperar más trámite», dijo el procurador adjunto anticorrupción, Christian Salas, sin reparar en el peligro de que su denuncia entorpezca la investigación preliminar actualmente en curso por gestión de la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe. Más aún, sin razones valederas ha descartado dicho riesgo diciendo que el delito de enriquecimiento ilícito es diferente del delito de lavado de activos, que se trata de «delitos totalmente distintos y autónomos». Una verdad de Perogrullo que no oculta el hecho de que se trata, en último término, de delitos conexos.

La explicación es curiosa y alambicada, como se verá. «El hecho de crear empresas ‘off shore’ en paraísos fiscales, el hecho de utilizar a personas que no están vinculadas realmente con un dinero, es un clásico caso de lavado de activos. Nosotros no estamos interviniendo en ese caso porque allí hay una procuraduría especializada. Estamos interviniendo en el origen de ese dinero, que sería presuntamente un enriquecimiento ilícito. Ese es el caso que nosotros vamos a manejar, vamos a litigar y donde tenemos competencia», dijo Salas a la prensa.

El problema está, principalmente, en los medios que pretende emplear para demostrar el delito que habría cometido Alejandro Toledo. La procuraduría pública anticorrupción ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria desde antes de que Toledo ingresara a la administración pública. Una petición que, a partir del precedente establecido en el caso de Alan García, sabe que será desestimada por el Fiscal de la Nación.

La intervención de la procuraduría anticorrupción deja la sensación de una muy elaborada estrategia destinada a blindar a Alejandro Toledo, aparentando que se lo investiga implacablemente. La formulación de pedidos manifiestamente impertinentes no puede perseguir otra cosa que complicar y obstaculizar la investigación por lavado de activos que se sigue contra Toledo, gravemente complicada por las nuevas informaciones periodísticas que revelan la oscura participación de dos empresas ‘off shore’ en Panamá y Costa Rica, vinculadas al magnate Josef Maiman, amigo personal del exmandatario, que transfirieron más de US$5 millones para que Eva Fernenbug compre costosos inmuebles en el país.

La procuraduría pública no puede ignorar que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria no aportará nada nuevo. Al contrario, beneficiará al investigado porque no permitirá encontrarle algo que valga la pena. Solamente un bobo de solemnidad colocaría fondos ilegales en sus cuentas o los declararía como renta. A la par que la apertura de una nueva investigación, mientras otra más atinada se encuentra en curso, sólo acarreará demoras.

Aunque es innegable que será una poderosa razón para disipar en Alejandro Toledo toda tentación de pensar en poner pies en polvorosa y dejar al oficialismo sin mayoría en el Congreso. No al menos hasta que las negociaciones por el indulto –que ni Humala ni los Fujimori han cerrado definitivamente–arriben al acuerdo que ponga a Alberto Fujimori fuera de la DIROES y a Alan García fuera de la carrera presidencial.