La organización no gubernamental Luz Ámbar alertó sobre la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1272, que, a su juicio, ayuda a los infractores de las normas de tránsito a evadir de manera “legal” el pago de la multa “generando caos y dejando sin sancionar a causantes de accidentes de tránsito, provocando un clima de impunidad”.

Desde el martes 13 de junio entró en vigencia el mencionado decreto legislativo, que da al infractor hasta cuatro oportunidades de defensa, a pesar de haber sido notificado con anterioridad.

Dicho decreto modificó la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y derogó la Ley N.º 29060, Ley del Silencio Administrativo. Con ello, modificó sustancialmente el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), incorporando un “segundo descargo”, aunque el administrado no haya presentado el primer descargo, obligando a la Administración a emitir y notificar un Informe Final de Instrucción (IFI).

Según el presidente de Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, urge modificar la Ley 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, estableciendo un proceso sumario (ágil) en la entidad administrativa y en los Juzgados Administrativos, para excluir de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el procedimiento sancionador por las infracciones al tránsito y transporte.     

En busca de la impunidad

Las papeleta de infracción a cargo de la Policía Nacional , así como las actas de control, emitidas por los Inspectores de la Sutran y la municipalidades para establecer las infracciones al tránsito y transporte en sus diferentes modalidades, son sanciones administrativas sujetas a la Ley 27444, Ley del  Procedimiento Administrativo General, para la cobranza de la multa.

Notificado el conductor con la copia de la papeleta o acta de control, el infractor (administrado) tiene el derecho a presentar un descargo y solicitar su nulidad; prosiguiendo con ese acto el procedimiento administrativo y ante la negativa puede presentar recurso de reconsideración y apelación.

Agotada la vía administrativa, recurren a los Juzgados Contenciosos Administrativos, judicializando el proceso y dilatando el tiempo hasta alcanzar la prescripción, evadiendo el pago de la multa.

En los últimos 12 años se han impuesto más de 7’500.000 papeletas  al tránsito y transporte. En ese mismo tiempo han ocurrido alrededor de 620.000 accidentes, 480 lesionados y 42.000 muertes.