Escribe: Humberto Abanto Verástegui

Contamos historias todo el tiempo. Tal vez lo hacíamos por las noches en las cavernas, alrededor de una fogata, cuando apenas habíamos dejado de ser monos y empezábamos a articular palabras, para enseñarnos unos a otros, y a nuestras crías, los difíciles artes de sobrevivir en un mundo plagado de depredadores o de conseguir alimento. Los científicos dicen que la habilidad de contar historias es propia de nuestra especie. Tal vez lo sea o tal vez no, pero el hecho es que casi siempre estamos contando u oyendo historias.

Ellas pueden ser reales o ficticias. Algunas mezclan la realidad con la ficción, aunque debe advertirse esto al auditorio o al lector, porque la cuestión central es que quien oiga o lea la historia debe saber con exactitud si trata sobre hechos reales o imaginarios. Solamente así podrá calibrar exactamente su valor. Si relata hechos reales, será juzgada por el apego a los acontecimientos verificables, mientras que, si se trata de ficción, por el vuelo creativo de la imaginación.

Un grave problema surge cuando quien dice contar una historia real suprime hechos o los desfigura. Entonces, no está contando una historia, simplemente está mintiendo. Y eso es lo que hizo hace dos semanas un connotado contador de historias al que caracteriza su destreza para suplantar las ideas con ocurrencias y la inteligencia con el simple ingenio. Él nos contó, en paralelo con el escándalo que envuelve al hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo, la historia de la probada corrupción de Alan García y de cómo evadió sus responsabilidades por el paso del tiempo, es decir, por el recurso a la prescripción.

El problema es que su historia se parece demasiado a la que crearan los servicios de inteligencia del dictador al que sirvió diligentemente, mientras unos pocos gritábamos los crímenes del autócrata y él no oía nada más que el estruendo de las monedas que le arrojaban desde el poder. Hoy, claro está y como corresponde, el curioso contador de historias abomina del dictador, porque éste purga prisión en un penal y ya no puede favorecerlo. Gratitud, creo, le dicen.

Al término de su desastroso primer gobierno, Alan García se quedó en el Perú. Fue sometido a un antejuicio y la Cámara de Diputados lo acusó ante el Senado de la República. Éste, a su vez, declaró que había lugar a formación de causa por desequilibrio patrimonial durante su función pública, al existir un crecimiento no justificado de su patrimonio; indicios de un mayor desequilibrio entre sus ingresos y egresos en razón de la posible existencia de cuentas bancarias en el exterior; indicios de participación directa en la decisión de colocación de reservas del Banco Central de Reserva del Perú en el BCCI, operación en la cual se habrían generado sobornos; e indicios de participación directa en la reducción de la compra de aviones Mirage, según los contratos Júpiter I, II y III, que podría estar aparejada con una operación de venta de los aviones fabricados para el Perú a favor de terceros, lo que habría generado beneficios personales al expresidente Alan García.

La acusación constitucional pasó a manos del Fiscal de la Nación, quien inició acción penal ante la Segunda Sala de la Corte Suprema por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.  El Fiscal de la Nación declaró que los otros tres cargos no eran más que sospechas que no tipificaban el delito ni acreditaban responsabilidad. La técnica jurídica controlaba los desbordes del odio político.

La denuncia del Fiscal de la Nación fue a la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual nombró al Vocal Supremo Instructor, quien, luego de evaluar los términos de la misma y fundado en lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, denegó la apertura de instrucción y dispuso su archivo definitivo. La decisión del Vocal Supremo Instructor fue apelada y la causa pasó al Tribunal Correccional Especial de la Corte Suprema, el cual confirmó el auto denegatorio de apertura de instrucción. La cosa no quedó allí. La Procuradora Pública y el Fiscal Supremo en lo Civil interpusieron sendos recursos de nulidad, los cuales fueron declarados improcedentes. No contentos con ello, la Procuraduría y el Ministerio Público plantearon un recurso de queja que fue tramitado ante la Primera Sala Penal de la Corte Suprema. El 29 de enero de 1992 ambos recursos fueron declarados infundados. La decisión del Vocal Supremo Instructor, como lo declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -insospechable de pretender favorecer a Alan García-, confirmada por el Tribunal Correccional de la Corte Suprema, luego de desestimados los recursos de nulidad y de queja oportunamente planteados, adquirió la autoridad de Cosa Juzgada.

Luego de la instauración de una dictadura y de la intervención por ésta del Poder Judicial -con el contador de historias como diligente siervo-, no sólo la causa fue reabierta, sino que también se inició una nueva causa penal contra Alan García por los puntos de la Acusación Constitucional que habían sido desestimados oportunamente por el Fiscal de la Nación por no estar tipificados en la legislación penal. El contador de historias, para darle credibilidad a este horror, cita a dos testigos que, una vez desplomada la dictadura de sus amores, se desdijeron de sus declaraciones y denunciaron haber sido objeto de brutales presiones y amenazas para que levantaran cargos contra Alan García.

Al restablecerse la democracia, el Estado peruano decidió cumplir la recomendación de la CIDH en su Informe 1/95 del 7 de febrero de 1995, en el sentido de «adoptar las medidas necesarias para restablecer el statu quo ante, reponiendo al Dr. Alan García Pérez en el ejercicio de sus derechos violados». El agraviado y su defensa aceptaron que se usara la vía de la prescripción, porque le urgía una solución inmediata, dado que se aprestaba a correr en las elecciones de 2001.

No hay, por tanto, paralelo alguno entre las historias de Alan García y Alejandro Toledo. El primero fue perseguido por una dictadura abyecta y corrupta, que violó una absolución pasada en autoridad de cosa juzgada; en tanto que el segundo sufre una persecución penal en democracia, porque su sobornador delató su corrupción. El contador de historias creó el paralelo desfigurando terriblemente los hechos y, a través de sus mentiras, nos contó una historia verdadera. La increíble y triste de un hombre que, para estar a tono con los tiempos, se vio obligado a abjurar de su adhesión al dictador que sirvió con reverencia, pero que secretamente la conserva intacta y lo hace tanto y a tal punto, que es incapaz de dejar de contar las historias que otros contadores de historias venales como él construyeron para destruir a quienes, a diferencia de ellos, sí creen en la democracia.