El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, ha dicho que una cosa es el control político y otra cosa es el abuso de poder, insinuando que la oposición se excede con la interpelación de los ministros. La prensa adicta al régimen, formada por las dos partes del proceso de amparo contra la llamada concentración de medios, ha aplaudido hasta con las orejas tan audaz sentencia del jefe del gabinete ministerial.

Temo que los años que Fernando Zavala sirvió al gobierno de Alberto Fujimori Fujimori lo dejaron la creencia de que el Congreso de la República debe ser la mascota que plácidamente se deja acariciar el lomo por el Poder Ejecutivo y, si es así, sería bueno que comprenda cuán equivocado está. El diseño institucional de un Estado democrático es el un sistema de frenos y contrapesos, por el cual los poderes públicos se controlan recíprocamente para asegurar el mejor funcionamiento del Estado.

Una de las herramientas para ello, desde el Parlamento, es la interpelación. Por ella la Representación Nacional llama a un ministro o al gabinete en pleno para que responda un pliego de preguntas sobre algún asunto de interés público. La institución no es en sí misma problemática, aunque sí lo son sus consecuencias, pues puede verse seguida de una cuestión de confianza o una moción de censura.

Ahora bien, si el Parlamento actual solamente ha hecho dos interpelaciones y una censura, ¿cuál es la base objetiva del presidente del Consejo de Ministros para hablar de obstruccionismo? Ninguna. Simple y sencillamente expresa que él preferiría un Parlamento que no ande llamando a sus ministros para hacerles preguntas incómodas ni mucho menos considere la posibilidad de censurarlos cuando éstos no respondan satisfactoriamente el cuestionario planteado.

Si esa fuese su posición -todo indica que lo es-, estaríamos ante el deseo de un grave desequilibrio institucional, pues el Congreso tendría que renunciar al instrumento de control político que la Constitución pone al servicio de las minorías y la consecuencia sería un Poder Ejecutivo capaz de hacer lo que desee, sin que nadie pueda pedirle cuenta alguna. Eso es imposible en una democracia.

Otro asunto a tener cuenta es que, tanto el premier cuanto su prensa adicta, se desgañitan hablando del uso político de la interpelación. ¿Esa gente no piensa lo que dice? ¿No se oye mientras habla o después de hacerlo? ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¡La interpelación es un arma de lucha política! Por medio de ella, el Parlamento cuestiona la acción del Gobierno (cuando lo hay, no es éste el caso) y con sus cuestionamientos ofrece una visión alternativa a ella. No cabe olvidar que la relación entre los poderes públicos alrededor de los asuntos de interés general es política. El Parlamento hace política. El Ejecutivo hace política. La política es todo en eso.

Finalmente, aquí lo único que se ha obstruido es una adenda y un contrato que lesionan los intereses del Estado, los cuales son, en último término, los intereses de todos nosotros. No hay, pues, abuso de poder ni obstruccionismo algunos. Lo que en realidad hay es un gravísimo déficit de acción y de decencia políticas en el Gobierno y eso es lo que debería llamar la atención del premier.