Escribe: Humberto Abanto Verástegui

La tensión entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, debido a la interpelación del ministro de Educación Jaime Saavedra, pretendió ser llevada al punto de un choque de trenes cuando el presidente de la República, desde Paracas, anunció que barajaba la posibilidad de plantear una cuestión de confianza para conjurar el peligro de que censuren a Saavedra y, por su parte, el vicepresidente Vizcarra informó que el gabinete ministerial acompañaría al interpelado durante su comparecencia ante el Congreso.

La respuesta de la mayoría parlamentaria vino por boca de su vocero Luis Galarreta, quien no trepidó en decir: «Si el presidente solicita una cuestión de confianza, pues que busque otros dieciocho ministros nuevos, nosotros no vamos a aceptar ese tipo de imposiciones».

Más allá de los alardes que van y vienen, lo cierto es que se trata de una guerra verbal en la que la pirotecnia suplanta a la artillería. Hasta allí nada resulta inusual en nuestra política tribal. Pero resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo se encuentre tan dispuesto a hacer el ridículo por no conocer los límites constitucionales de su actuación e, irreflexivamente, intente intimidar al Congreso para que no ejerza una competencia que le confirió el constituyente.

La relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es una de tensión y equilibrio dinámicos, fundada en el modelo de frenos y contrapesos. El congresista constituyente, a fin de dar soluciones a los conflictos entre ellos, dotó a cada uno de instrumentos de control recíproco. El presidente de la República, por ejemplo, tiene la competencia de designar al presidente del Consejo de Ministros y junto con él a todos sus ministros. Empero, para que ellos puedan entrar efectivamente en funciones, deben recoger el voto de investidura, sin el cual tendrán que irse a sus casas.

No obstante, el poder del Congreso para denegar el voto de investidura no es ilimitado. Si lo hace en dos ocasiones, habilita al presidente de la República a disolverlo y llamar a elección parlamentaria en cuatro meses. Lo mismo sucede con la competencia de censurar gabinetes ministeriales. El asunto es que, durante ese tiempo, el Gobierno no queda con las manos desatadas. Sigue teniendo el contrapeso de la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.

Por otra parte, el Legislativo puede interpelar a los ministros y al Consejo de Ministros en pleno, sin que el Ejecutivo pueda hacer nada por impedirlo. A propósito de la interpelación ministerial, de ella pueden derivarse dos situaciones relativas a determinar la responsabilidad política del interpelado. El ministro plantea una cuestión de confianza o los congresistas una moción de censura. La cuestión de confianza depende de la iniciativa del ministro, mientras que la moción de censura parte de los parlamentarios. Ambas comparten el rasgo de hacer efectiva la responsabilidad política, pero de manera inversa una respecto de la otra.

La cuestión de confianza y la moción de censura son de implicación radical. Si se le concede la cuestión de confianza al ministro, se le exonera de la responsabilidad política; pero, si se le deniega, posee los mismos efectos de una censura y el ministro debe liar bártulos e irse a su casa. La moción de censura, en cambio, si es aprobada determina la partida del ministro y, si es desaprobada, su permanencia en el cargo.

La cuestión de confianza no sólo tiene que ser planteada por un ministro, sino que debe serlo ante el pleno del Congreso. Allí surge el tema de que los ministros solamente comparecen ante el pleno del Congreso para participar en los debates sobre los temas de su sector o cuando son llamados para informar o ser interpelados. Los ministros no tienen la potestad de comparecer a voluntad ante el pleno del Congreso, requieren permiso de éste para hacerlo.

Así, resulta evidente que el Ejecutivo pretende exceder sus límites de actuación al anunciar que el Consejo de Ministros acompañará al ministro de Educación durante la interpelación. Ésta, como instrumento de control político, es una competencia exclusiva del Congreso de la República que despliega el efecto de obligar a uno o más ministros o al Consejo de Ministros en pleno a comparecer ante la Representación Nacional y responder un pliego de preguntas. Si se dirige contra un ministro, solamente él puede comparecer y nadie más.

Ahora bien, el ministro de Educación puede plantear la cuestión de confianza, pero su denegación no generaría una crisis de gabinete y no contaría para habilitar al presidente de la República a emplear la competencia de ejercicio facultativo de disolver el Congreso. Si el Gobierno desea crear una crisis de gabinete, tendría que pedir la comparecencia del presidente del Consejo de Ministros para exponer algún tema de Estado y, entonces, plantear la cuestión de confianza. Empero, si lo intentara hoy, llegaría tarde para el propósito de salvar a Saavedra.

La actuación del presidente de la República, su vicepresidente y su premier no ha hecho otra cosa que poner en evidencia sus graves falencias en materia constitucional y parlamentaria, al igual que su torpeza política para sacar adelante un relación constructiva con un Legislativo que, pese a todas las suspicacias, concedió el voto de investidura, las facultades legislativas y aprobó el presupuesto público. Ignorancia y torpeza son dos ingredientes peligrosos en el cóctel que irresponsablemente agitan el presidente de lujo y su equipo también de lujo.