Escribe: Humberto Abanto Verástegui

I

«Siento como si el demonio gobernara las cosas de mi vida», escribió el Libertador Simón Bolívar en una carta al general Francisco de Paula Santander. Si el expresidente Alejandro Toledo conociera este texto -que no lo creo-, debería andar repitiéndolo como un mantra desde el preciso instante en que se hizo público su señalamiento como protagonista de uno de los episodios más escabrosos en la saga de corrupción perpetrada por ODEBRECHT en nuestra América morena.

El hombre fuerte de ODEBRECHT en el Perú, Jorge Simoes Barata, confesó al Ministerio Público que había entregado 20 millones de dólares a Toledo por favorecer a su compañía en la licitación para la construcción de la carretera Interoceánica. Las versiones periodísticas aseguraban que los pagos se realizaron entre 2005 y 2010, según información bancaria contrastada en Panamá, Costa Rica, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El dinero habría sido girado a compañías offshore manejadas por el amigo de Toledo, Joseff Maiman Rapaport, creándose una sospechosa correspondencia entre la suma supuestamente pagada por ODEBRECHT y el fondo de inversión que el gran amigo presidencial puso a disposición de doña Eva Fernenbug, la suegra de Toledo.

A la publicación periodística siguió el allanamiento de la casa del expresidente y la incautación de una serie de bienes y documentos, al parecer, relevantes para la investigación en curso. La solicitud fiscal, usualmente tramitada en estricto secreto, fue filtrada a los medios. No hay que ser zahorí para saber quién lo hizo y el propósito que perseguía con ello.

Acto seguido, grandes titulares anunciaron que el fiscal pediría prisión preventiva para Toledo. Esta nueva -y oportuna- filtración tendía a enriquecer la atmósfera negativa contra el personaje público en cuestión. El anuncio se hizo realidad y el fiscal Hamilton Castro Trigoso, ejecutando disciplinadamente el plan de la fiscalía, presentó el pedido y lo sustentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien lo concedió por dieciocho meses.

II

Mientras el Ministerio Público ejecutaba, por primera vez en muchos años, un cuidadoso programa para afrontar lo que es, después del caso Alberto Fujimori, el más importante proceso de investigación contra alguien que ejerció la primera magistratura de la Nación, Alejandro Toledo se empeñaba en interpretar una más de las penosas operetas a las que nos tiene acostumbrados, que se componen de una seguidilla de torpezas altamente incriminadoras que, de seguro, él encontrará muy creativas, pero que la ciudadanía halla realmente ridículas.

El primer yerro vino de su esposa, la siempre equilibrada Eliane Karp, quien con manifiesta exageración proclamó el destrozo total de su casa e intentó presentar el allanamiento como una tropelía cometida al alimón por fiscales y policías, cuando la ciudadanía entera sabía de la existencia de un mandato judicial que autorizaba la diligencia. El siguiente fue una entrevista en la que, siempre tratando de pasarse de listo, Alejandro Toledo pedía que Jorge Simoes Barata dijera «cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí», a sabiendas de que el cargo no es que le hayan dado algo directamente a él, sino que, a su solicitud, la suma fue depositada en cuentas offshore de su amigo Maiman Rapaport.

El siguiente post de Eliane Karp fue más audaz todavía. Ella denunciaba «…una persecución política armada sin ningún dato ninguna prueba de las acusaciones verbales de los medios. La cuenta de (Josef) Maiman es de él y solo suya y sus negocios son solo suyos ¿qué tiene que ver Alejandro Toledo en todo esto?». El problema es que ella atribuye a Keiko Fujimori un control sobre el Fiscal de la Nación, de ostensible proclividad caviar, que nadie en su sano juicio ha señalado jamás.

El broche de oro ha sido el reciente pronunciamiento del Alejandro Toledo, quien no dudó en hacer gala de toda su ignorancia jurídica en una declaración escrita: «En Lima, el juez de la acción en mi contra declaró que esa presunción no es absoluta en el Perú. ¡Esto es una infamia!, todos los peruanos tenemos derecho a la presunción de la inocencia y el debido proceso dentro de la ley sin distinción del color de la piel, del color político o de género». La presunción de inocencia es una presunción relativa, porque acepta prueba en contrario, es decir, se presume que alguien es inocente a menos que se aporte prueba suficiente de su responsabilidad.

III

Aunque burda, tosca y mal ejecutada, la estratagema -que no estrategia- de Alejandro Toledo y su cónyuge no es tonta. Se enfila a crear la sensación de que son víctimas de una persecución política, cuando lo que en realidad hay aquí es una persecución penal por un gravísimo cargo de corrupción. Ambos confían en que, si por los medios artificiosos que sea, consiguen convencer a alguien de que se trata de un desafuero originado en el ánimo revanchista de viejos enemigos políticos, recibirán, en primer lugar, los beneficios de la condición de refugiados o asilados; y, en segundo lugar, la protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH) construido a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y cuyo órgano de control es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual fulminaría el proceso y lo liberaría de los cargos.

El problema que la estratagema tiene es el carácter continental del escándalo ODEBRECHT y el hecho de que la revelación de la entrega de dinero que Jorge Simoes Barata asegura que su empresa hizo a favor de Toledo fue dada, ni más ni menos, que ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, quien corroboró el flujo de los dineros que pasaron por las entidades financieras que operan en su territorio y su final depósito en las cuentas offshore que, siempre según la versión de ODEBRECHT, tienen como titular a Joseff Maiman Rapaport, el generoso amigo de Alejandro Toledo que le prestó dinero para cancelar la hipoteca de su casa de Camacho y de su casa de playa, e invirtió con la madre de Eliane Karp en la compra de una lujosa oficina y una mansión en Las Casuarinas.

La reacción de Israel, el aliado preferente del gobierno de Donald Trump, ante la posibilidad de que Alejandro Toledo ingrese a su territorio demuestra que la estratagema trazada difícilmente podría tener éxito. Más aún, la insistencia del actual primer mandatario yanqui en referirse a la corrupción de los políticos en Latinoamérica como la causa de la llegada de inmigrantes ilegales a sus tierras, no hace presagiar nada bueno para la causa del expresidente en aprietos.

IV

Hoy por hoy, Alejandro Toledo viene cobrando un gran parecido con el Viktor Navorski que genialmente interpretó Tom Hanks en la película La Terminal de Steven Spielberg. Ha quedado varado, hundido en una situación intransitiva que, más temprano que tarde, lo pondrá de regreso a su país. Él ansía poder cruzar los muros de la terminal, pero voluntades superiores a la suya se lo impiden y día a día verá esfumarse la ilusión de estar en otro lado que no sea su tierra.

Aquí, por otra parte, suceden cosas que azoran. Ninguna voz del coro de sus áulicos de ayer se ha levantado para defenderlo. Las más prudentes han guardado silencio y las más audaces le exigen que se presenten. Todas comparten una reacción de vergüenza que dice mucho de lo que realmente pensaban de aquel que, aunque sea por un momento, fue su líder y su presidente.

Para quienes hemos seguido paso a paso los acontecimientos del escándalo ODEBRECHT, las posibilidades de que Alejandro Toledo sea inocente, son las mismas de ver mañana en los diarios la foto de un mamut corriendo por la Quinta Avenida de Nueva York. La tenaza que sujetó a la corporación brasileña que multiplicó sus negocios invirtiendo parte su renta en los bolsillos de quienes tomaban las decisiones ha sido precisa y exacta. El modelo de delación premiada en Brasil exige no solamente la asunción de los cargos, sino también la corroboración de todos y cada uno de ellos. Exactamente lo mismo sucede en los Estados Unidos de América, pero con más rigor aún.

Así las cosas, son casi inexistentes las posibilidades de que todo esto no sea más que un error o una broma cruel que el destino le juega a quien se definió a sí mismo como un error estadístico y vendió el sueño del lustrabotas que llegó a la presidencia de la República. La acusación es muy seria y, si él realmente creyera que se trata de un abuso, hace mucho rato que habría llegado al Perú para exigir la devolución de las cosas, según su versión, arbitrariamente incautadas y se dispondría a confrontar a Jorge Simoes Barata por enlodar su nombre. Más aún, podría haber conjurado el peligro de la prisión preventiva con su presencia ante el Juez de la Investigación Preparatoria Nacional Richard Concepción Carhuancho, señalando con ello que estaba atado al proceso y presto a dar las explicaciones del caso.

Nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario. Una estratagema ha suplantado a la estrategia de defensa. Sus abogados disienten públicamente y sus otrora partidarios no ocultan su molestia y su vergüenza. Al igual que el Libertador Simón Bolívar, a la una y siete de la tarde del 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Alejandro Toledo debe estar diciéndose: «¿Cómo saldré yo de este laberinto?»