Cumplir con el reclamo de los cien mil jubilados de la Ley 19990, no tendrá un impacto negativo en el presupuesto y trabajo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), señaló ayer el presidente de dicha entidad, José Luis Chirinos.
El funcionario mostró su disposición y conformidad a cumplir la decisión del Gobierno, de allanarse en 50 mil juicios iniciados por pensionistas en el Poder Judicial y que se libere un número similar de expedientes que permanecen trabados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Explicó que en estos momentos, está por concluir un estudio sobre los montos que va representar la desjudicialización de esos expedientes y los que están en la vía administrativa.
“El costo no afectaría el presupuesto que tiene la ONP, pero este es un pago que se tendría que hacer más adelante en forma progresiva, que hay que medirlo de acuerdo al presupuesto que tenemos”, manifestó.
Del mismo modo, indicó que la descarga judicial implicará que se responda con mayor agilidad a las demandas de los jubilados mencionados. 
“Esto va ser muy ventajoso para el aportante porque no va demorar mucho la respuesta de su caso”, anotó tras reunirse con diversos gremios de jubilados, entre ellos, la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú.
En la reunión, el funcionario les explicó el plan de modernización que ha emprendido la ONP, donde a través de su página web, los aportantes, podrán acceder en forma más ágil la situación de sus pensiones.
Según el presidente de la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú, Jorge Salazar, los montos de dinero que desembolsará la ONP se hará en favor de los jubilados de la Ley 19990, a los que no se les reconoció como pensión el pago de tres sueldos mínimos hasta diciembre de 1992.
Esa pensión –dijo- estaba garantizada por la Ley 23908, pero no se cumplió porque el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori dio una norma retroactiva, en 1992, que les recortó ese derecho.